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• La Comisión de Urbanismo aprueba someter a exposición pública durante 45 días la nueva normativa, que amplía un año más la moratoria de suspensión de las licencias de viviendas de uso turístico

• Juan Giner: “María José Catalá muestra una clara voluntad de poner freno a la proliferación desmedida de apartamentos turísticos, ya que durante los ocho años de gobiernos de la izquierda no se hizo nada para limitarlos”

La Comisión de Urbanismo, Parques y Jardines, Espacios Naturales y Mejora Climática ha aprobado este miércoles, con los votos a favor del equipo de Gobierno —conformado por el Grupo Popular y el Grupo Vox— y los votos en contra del Grupo Compromís y el Grupo Socialista, someter a exposición pública la nueva normativa urbanística para frenar la implantación de apartamentos turísticos en la ciudad. València carecía de una regulación específica al respecto y el Ayuntamiento da ahora un paso para disponer de una normativa que impida la masificación de los apartamentos turísticos en los barrios de la ciudad.

La modificación de la Ordenación Pormenorizada de las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de Valencia (Regulación de los usos terciarios hoteleros) será sometida a exposición pública. La comisión municipal ha acordado igualmente ampliar un año más la suspensión de licencias mientras se finaliza la tramitación de esta nueva normativa. Los acuerdos tomados este miércoles por la comisión de Urbanismo deberán ser ratificados en el Pleno del Ayuntamiento del mes de abril, que se celebra la próxima semana. 

El concejal responsable del Área de Urbanismo, Vivienda y Licencias, Juan Giner, ha explicado que con este nuevo trámite “el gobierno municipal de la alcaldesa María José Catalá muestra una clara voluntad de poner freno a la proliferación desmedida de apartamentos turísticos en Valencia, que cabe recordar es consecuencia sobre todo de que durante los ocho años de gobiernos de la izquierda no se hizo nada para limitarlos, y más bien se estimuló su crecimiento permitiendo que se implantará el uso turístico en los bajos de edificios y con una inspección de las actividades ilegales de apartamentos que fueron escasas o prácticamente inexistentes”.

La normativa que ahora se somete a exposición pública, tras la correspondiente tramitación y aprobación del procedimiento ambiental, conlleva la aplicación de numerosos controles o limitaciones (candados administrativos) que tienen como objetivo, tal y como ha expresado el edil de Urbanismo, “conseguir un equilibrio sostenible en la oferta de apartamentos y plazas hoteleras”.

“Nuestro objetivo es proteger al vecino y priorizar el uso residencial (la vivienda) y el comercio de proximidad (peluquería, cafetería, farmacia, clínica dental, el gimnasio, guarderías infantiles, etc) apostando por un modelo turístico sostenible y de calidad que sirva como estímulo de la economía la ciudad y que sirva también para generar nuevos puestos de trabajo, al tiempo que establecemos una regulación que reduzca el impacto que pueda tener el aumento descontrolado de los apartamentos turísticos en la oferta de viviendas residenciales”, ha destacado Giner. 

Controles administrativos

El próximo Pleno del Ayuntamiento acordará someter a información al público y a consulta de las administraciones públicas afectadas el documento de la modificación puntual por un plazo de 45 días. En este periodo, cualquier particular podrá presentar observaciones, sugerencias o alegaciones al texto expuesto al público. Asimismo, de acuerdo con el artículo 68 del texto refundido de la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio, se amplía por un año adicional la suspensión de licencias.

Entre los controles que se aplicarían están la prohibición de la implantación de nuevas plazas turísticas en los distritos y barrios que superen el 8% de número de plazas turísticas (hoteles y apartamentos) respecto el número de vecinos empadronados.

Por otro lado, para evitar la pérdida del uso residencial en la ciudad y su sustitución por el uso turístico de forma generalizada, se establece una protección de la vivienda por el que el número de viviendas turísticas y apartamentos turísticos no podrán superar el 2% del número de viviendas residenciales de cada uno de los barrios. “La única limitación que hizo el anterior gobierno fue del 10% en el Cabanyal, ocho puntos por encima de la nueva limitación, que afectará a toda la ciudad de Valencia a excepción de Ciutat Vella, que tiene su propia regulación que aprobó el actual gobierno”, ha detallado Juan Giner.

Asimismo, se propone una protección del comercio, ya que se limita al 15% de locales existentes en cada manzana de viviendas donde se puede desarrollar una vivienda turística, de forma que el 85% de los locales estarán destinados a otros usos terciarios: oficinas, restaurantes, bares, peluquerías, ópticas, farmacias, clínicas, etc.