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• Se impulsará la construcción de 2.550 viviendas en un proyecto que mantiene la edificabilidad total en 380.000 metros cuadrados

• El concejal de Urbanismo, Juan Giner, justifica el cambio de gestión de directa a privada “porque se ha demostrado que ésta ha fracasado y València tiene una necesidad urgente de vivienda pública”

El Pleno del Ayuntamiento de València ha aprobado, con los votos a favor del equipo de gobierno y en contra de los grupos de la oposición (Compromís y PSOE), el cambio en la gestión del Programa de Actuación Integrada (PAI) del Grau de directa a gestión privada por parte de los propietarios del suelo.

Con esta decisión, el consistorio impulsa un PAI que incrementará en 2.550 el número de vivienda en la ciudad de València, de forma que se mantiene la edificabilidad total del sector en 380.000 metros cuadrados, y supondrá una inversión de 120 millones de euros.

Durante el debate, el concejal de Urbanismo, Juan Giner, ha explicado que “una de las prioridades más urgentes y determinantes para este gobierno es la vivienda” y, por ello, trabajamos a corto y a medio plazo. “A corto, con la activación de los solares de vivienda pública propiedad municipal, no los de AUMSA, mediante la colaboración público-privada para incrementar el número de viviendas de protección pública en nuestra ciudad” y a medio plazo “estamos impulsando los dos sectores de suelo urbanizable pendientes de desarrollar como son Benimaclet y Grau”. Además, Giner ha respondido a la portavoz socialista, Sandra Gómez, respecto a las prisas por aprobar este PAI indicando “que si las hay es por la necesidad urgente de vivienda pública que tiene València”.

Asimismo, el concejal de Urbanismo ha afirmado que si se ha cambiado de la gestión directa a la privada en el PAI del Grau es “porque se ha demostrado que ésta ha fracasado y hemos podido comprobar que todos los sectores que se han desarrollado de verdad han sido gracias a la privada como ha ocurrido con la avenida de França, Nou Patraix, Cortes Valencianas o Moreres”.

En este sentido, Giner ha señalado “el futuro de la ciudad pasa por crear 2.550 viviendas; 160.000 metros cuadrados de zonas verdes que se añaden a los 200.000 metros cuadrados de la finalización del Jardín del Turia hasta su desembocadura”.

El concejal ha concluido con una comparativa de las cifras de los proyectos para el sector del Grau del PSOE y del equipo de gobierno y ha indicado que “la diferencia consiste en que el equipo de gobierno destina 2.000 metros cuadrados más para suelo residencial para vivienda de protección pública”. 

Por su parte, Sandra Gómez, en representación del grupo municipal socialista ha recordado la situación “judicializada” que encontraron en 2015 “al estar AUMSA demandada por la empresa adjudicataria y que logramos desbloquear al negociar la retirada de la demanda; alcanzamos un acuerdo sobre los costes de la urbanización imputables a los propietarios y propietarias y a la administración pública; y desarrollamos un nuevo modelo de ciudad”. 

Gómez ha calificado la propuesta del PP y de Catalá sobre el PAI del Grau “de vuelta al pasado, ya que supone retrotraerse 19 años y volver al modelo de Rita Barberá de canales venecianos y la Fórmula 1” y ha criticado que no se haya aportado ni una idea propia “solo han vuelto al pasado, ni nuevo diseño, ni planeamiento, ni un nuevo concurso, solo vuelven a la València antigua de zonas residencias y muros que no unen ni generan barrio”.

La portavoz de Compromís, Papi Robles, ha ahondado en esta crítica de vuelta al pasado al pedirle al concejal de Urbanismo “que cambie de siglo” y no fundamente su trabajo en “diseños del pasado y sin voluntad de innovación ni de mejora”. Así, Robles ha mostrado el desacuerdo de su grupo respecto a la propuesta de hacer “una autopista urbana en vez de un delta verde que era lo proyectado para el sector del Grau” y ha invitado a Giner a “innovar” y hacer “un proceso participativo para saber qué es lo que quiere la ciudadanía”.

Finalmente, la portavoz de Compromís ha preguntado al equipo de gobierno por qué se vuelven a modelos de privatización “en los que se les regala a las constructoras ganar dinero cuando esos beneficios los podría obtener el consistorio y revertirlos en la ciudadanía”.